La Fiscalía de Bolivia emitió formalmente una orden de aprehensión de Evo Morales, expresidente del país, bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. La medida responde a su presunta responsabilidad en las violentas protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con el fiscal Brayan Melgar, la orden de aprehensión de Evo Morales incluye acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Las autoridades señalan que las movilizaciones, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, causaron un grave desabasto de alimentos y medicinas.
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Según informes oficiales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, los bloqueos carreteros provocaron la muerte de 16 personas, de las cuales 13 fallecieron por falta de atención médica oportuna. Además, se estiman pérdidas económicas que superan los 3 mil millones de dólares debido a la parálisis de servicios públicos y transporte.
El exmandatario, quien se encuentra actualmente en la región del Trópico de Cochabamba, ha rechazado tajantemente las acusaciones. Morales sostiene que el Gobierno de Rodrigo Paz utiliza la vía judicial para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa la nación andina.
