El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad para transformar la relación del Estado con las comunidades y reconocer plenamente su diversidad jurídica y sus formas de organización.
Desde su experiencia como integrante del pueblo mixteco, el ministro sostuvo que durante más de 200 años de México independiente no ha existido un marco legal que reconozca de manera plena a los pueblos indígenas como parte fundamental de la nación.
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Aguilar Ortiz señaló que la falta de este reconocimiento ha obligado históricamente a algunas comunidades a “simular lo que no son” para poder acceder a servicios, derechos o trámites ante las instituciones.
Como ejemplo, mencionó el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que constituir una sociedad anónima para obtener una concesión de transporte, debido a que el marco jurídico no contemplaba su propia forma de organización.
“Esto yo creo que se tiene que acabar”, sostuvo el presidente de la Corte, al considerar necesario construir un marco jurídico acorde con la realidad de los pueblos indígenas y afromexicanos, que representan una parte importante de la población del país.
El pasado 7 de agosto comenzaron las asambleas regionales de consulta sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal. El proceso está dirigido a alrededor de 16 mil comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano y concluirá el próximo 13 de septiembre.
La Suprema Corte participa como observadora en este proceso, una labor que, explicó Aguilar Ortiz, no implica emitir una postura a favor o en contra de la propuesta.
Detalló que la función del máximo tribunal será escuchar a las comunidades, registrar sus planteamientos y elaborar un informe al finalizar las consultas. Este conocimiento, agregó, podrá servir posteriormente como material para el análisis de posibles controversias relacionadas con la legislación.
Aguilar Ortiz también vinculó la iniciativa con el movimiento zapatista de 1994, que colocó los derechos de los pueblos indígenas en el centro del debate nacional. El ministro formó parte en 1996 del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para la elaboración de una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
