El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, planea contratar a una empresa privada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes deportados que aún deben multas migratorias de Estados Unidos. Esta medida busca recuperar fondos de sanciones civiles que no fueron liquidadas antes de la expulsión de los extranjeros.
De acuerdo con una convocatoria emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la compañía seleccionada deberá ubicar a los deudores fuera del territorio estadounidense. La labor incluye notificar el monto de la sanción y gestionar opciones de liquidación, ya sea mediante pagos únicos o parcialidades.
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Como parte del proceso de cobranza, la empresa tendrá que comprobar la identidad de cada persona mediante evidencias físicas. Esto incluye fotografías de domicilios, recibos de servicios, registros de empleo o actas de defunción en caso de fallecimiento. La CBP calcula que aproximadamente 66 mil 387 migrantes mantienen adeudos vigentes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que el monto total por multas migratorias de Estados Unidos pendientes asciende a 423 millones de dólares. Estas sanciones fueron reactivadas por la administración Trump el año pasado, endureciendo las penalizaciones por incumplir órdenes de expulsión, las cuales pueden alcanzar los 998 dólares diarios.
