El Gobierno de Venezuela anunció formalmente el inicio del proceso para que Venezuela abandona la CPI de forma definitiva. Esta decisión se fundamenta en la postura oficial de que la Corte Penal Internacional ha actuado con un enfoque parcial y desproporcionado en sus investigaciones contra naciones de América Latina y África.
La medida implica la denuncia del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal. Según el comunicado oficial, la administración venezolana considera que el organismo ha desviado su propósito original, convirtiéndose en una herramienta de presión política internacional.
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A través de un comunicado, el canciller Félix Plasencia sostuvo que la institución ha dejado de actuar con imparcialidad. Informó que, por instrucciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la decisión ya fue notificada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente al secretario general António Guterres.
El funcionario afirmó que el país mantiene su compromiso con una justicia basada en el respeto a la soberanía. Asimismo, acusó al tribunal de recurrir al “lawfare”, asegurando que las actuaciones judiciales son empleadas como un mecanismo de persecución contra el Estado venezolano.
